Cuando escribo esto, colean aún los encendidos debates por la llamada Ley de la Memoria Histórica, que tan trabajosamente ha conseguido llegar adelante nuestro gobierno.
Vaya por delante que como historiadora, considero que los términos historia y memoria no deberían ir juntos, aunque esta tan ubicua como vaporosa expresión haya hecho mucha fortuna. Son los pueblos los que tienen historia; son las personas las que tienen memoria. La reconstrucción de muchas memorias individuales a partir de lo conservado tras la tormenta de los siglos, da lugar a la Historia de una colectividad, que no es otra cosa que un relato consensuado que la legitima y cohesiona igual que su lengua o sus costumbres. Por eso, que un gobierno legisle sobre ella merece, creo, una reflexión más serena y reposada que la que yo he tenido ocasión de leer y escuchar en los últimos meses.
El tema es espinoso y presenta muchas más vertientes de las que parece. No voy a entrar aquí en la eterna discusión sobre quién encendió la hoguera de la Guerra Civil y quién se afanó más en buscar leña para alimentarla. Pero su consecuencia no tiene vuelta de hoja: una dictadura de casi cuarenta años basada en el poder personal y en el constante contrapeso de las heterogéneas fuerzas que la sustentaban, cimentada sobre la sangre de aquellos a los que se venció y eliminó porque no tenían cabida en el Nuevo Estado. Estos fueron los hechos, sin los conservantes ni colorantes que ciertos (pseudo)historiadores han querido añadirles en libros de ruidoso éxito mediático destinados a lectores ya convencidos. No es justo que media España haya estado silenciada por la otra media durante tanto tiempo, y en ese sentido, devolverles la voz a quienes la perdieron a sangre y fuego es una iniciativa muy loable y desde luego, políticamente higiénica. Pero tal vez esta Ley llegue a destiempo. En perspectiva histórica, setenta años es algo tan imperceptible como una gota de lluvia dentro del diluvio. Las heridas necesitan dos cosas para cicatrizar: tiempo y voluntad de reconocer el daño que han causado para no volver a inflingirlo. Y ni una cosa ni la otra se han dado en abundancia todavía (¿hace falta recordar la cerril renuencia del PP a condenar de una vez la dictadura franquista?). Dejarse llevar por una politización tan beligerante de los argumentos como la que gastan PSOE y PP no conduce a nada, si de verdad se pretende sembrar la concordia definitiva entre los españoles (cosa distinta es el oportunismo político...).
Lo que aún no he leído en ningún libro ni escuchado a ningún sesudo polemista es cómo la izquierda española está entrando en el mismo juego de la derecha con el tema de la apertura masiva de fosas. Cierto que estos colectivos han sido decisivos en el despertar de la conciencia de una tragedia que hasta hace muy poco pasaba estereotipada y de puntillas por los libros de texto. Pero instigar a los familiares de las víctimas a desenterrar a sus muertos puede acabar convirtiéndose en un juego perverso: la historia es un cuento manipulable y si eliminamos todas las huellas de la catástrofe, los españoles del próximo siglo crecerán pensando que su país fue siempre un vergel de sol, playa, toros y paella. Eso es precisamente lo que busca la derecha: ¡esta es la cara oculta de su argumento de no reabrir heridas y todos hicimos cosas reprobables en tiempo de guerra!. Lo que habría que hacer es pedagogía con los familiares, sin rentabilizar políticamente su legítimo derecho a saber en qué cuneta están amontonados sus deudos. Pedagogía para explicarles que su padre, hermano o abuelo muerto no debería pasar al íntimo nicho familiar, porque si permanece en esa cuneta o barranco con un monolito que le identifique como víctima de una dictadura, cumple una doble función esencial: la de avergonzar eternamente a los culpables y la de sembrar la semilla del recuerdo, tan necesaria para evitar repetir errores.
Utilizar a las familias de represaliados es más fácil que concienciarlas. Pero esta es, a mi modo de ver, la auténtica cuestión de fondo en el tema de la memoria histórica. Se trata de la memoria que heredarán los que nos sigan, los valores en los que pretendemos educar a las nuevas generaciones de españoles y, con ello, el afianzamiento real de la democracia. Atreverse sin complejos a coger el toro por los cuernos sí sería auténtica EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, con mayúsculas.
